Los feminicidios de Esmeralda Moronta de los Santos y Nancy Sánchez Gálvez, ocurridos frente a fiscalías y hospitales, reabren cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para proteger a mujeres en escenarios donde, en teoría, debería activarse una respuesta inmediata de resguardo.
El hecho de que los crímenes hayan ocurrido en espacios vinculados a la atención y la justicia intensifica la presión sobre las autoridades para revisar protocolos, identificar fallas y explicar qué medidas concretas están funcionando y cuáles no.
La discusión ya no se limita al impacto de estos casos, sino a la eficacia de los mecanismos de prevención y protección que deben operar precisamente en lugares llamados a asistir a víctimas o canalizar denuncias. En ese contexto, la exigencia pública apunta a una fiscalización real de los procedimientos, con seguimiento, transparencia y rendición de cuentas sobre los resultados.
La revisión de estos protocolos resulta clave para determinar si existen brechas de coordinación entre las instituciones encargadas de atender a mujeres en riesgo y si las respuestas estatales están llegando a tiempo. Sin esa evaluación, los espacios de protección pueden seguir siendo insuficientes frente a la violencia feminicida que ha estremecido al país.