La iniciativa para instalar puertos secos en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales comenzó rodeada de dudas. Pese a que el Gobierno dominicano los declaró de alto interés nacional mediante el Decreto 166-26 y los presenta como una estructura destinada al almacenamiento, consolidación y control de mercancías en tránsito hacia Haití, la reacción en la frontera ha sido de inquietud entre comerciantes y empresarios que temen quedar desplazados por grandes compañías.
El modelo delineado por las autoridades prevé áreas de almacenamiento para contenedores, espacios de carga y descarga, inspección aduanera y oficinas administrativas, junto con servicios de manejo de carga, gestión documental y fiscalización. Aun así, el diseño mismo deja abiertas interrogantes sobre quién terminará beneficiándose del esquema, ya que el Gobierno plantea que la operación pueda quedar en manos estatales, mediante asociaciones público-privadas o a través de concesiones, mientras la autoridad aduanera conservaría el resguardo del espacio.
La explicación ofrecida por Erick Dorrejo, director de Desarrollo y Planificación Territorial del Ministerio de Hacienda y Economía, durante un coloquio sobre República Dominicana y Haití en el que participaron comerciantes fronterizos, tampoco cerró la discusión. Más bien puso otra vez sobre la mesa la necesidad de vigilancia institucional y rendición de cuentas en una propuesta que el discurso oficial presenta como una mejora del control aduanero, pero que ya despierta resistencia en la sociedad civil vinculada al comercio fronterizo por sus posibles efectos sobre los actores locales.