SANTO DOMINGO.- El desarrollo del caso Calamar volvió a colocar bajo escrutinio la consistencia de una de las causas de mayor impacto político, luego de que juristas señalaran que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, no evaluó pruebas de descargo y omitió la lectura del “falso informe de auditoría” que sirvió de base al expediente, junto a otros errores que califican de graves.
Abogados consultados afirman que en el caso no hubo desfalco contra el Estado y que el proceso está extinguido para el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, debido a que lleva más de cinco años en los tribunales. En ese contexto, un documento citado sostiene que la decisión “deshilvanó el expediente” al dictar auto de no ha lugar a Gonzalo Castillo, mientras mantuvo financiamiento ilícito de campaña contra otras 14 personas, “sin que haya partido o candidato en el proceso”.
El mismo texto agrega que la magistrada también dictó auto de no ha lugar a favor de Marcial Reyes al desechar la acusación de falsedad en escritura, y al mismo tiempo levantó la oposición a pago al saldo de las propiedades del Aeropuerto de las Américas, dando por válidos contratos firmados con el Gobierno. Según lo expuesto en audiencias, los casos conocidos por esa magistrada correspondían a propiedades tituladas, declaradas de utilidad pública, ocupadas por el Estado y justipreciadas por el juez competente, por lo que el pago procedía. El debate reabre así las preguntas sobre la solidez institucional del proceso y sobre la necesidad de una revisión rigurosa de expedientes de alto perfil antes de convertirlos en emblemas públicos.