Las condenas de 20 años de cárcel contra tres generales, sumadas a penas de entre tres y 15 años para civiles, policías y militares de menor rango en los expedientes Coral y Coral 5G, vuelven a poner la corrupción pública bajo la lupa. A eso se añaden el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles valorados en 5,000 millones de pesos y el pago de 400 salarios mínimos, en un expediente que pasa a ser referencia para medir si los demás procesos avanzarán con igual rigor.
La decisión judicial también incrementa la presión sobre los casos todavía pendientes de igual o mayor alcance, en medio de una discusión pública marcada por tácticas dilatorias y triquiñuelas atribuidas a abogados defensores de acusados en distintos procesos. En ese marco, la actuación del Ministerio Público, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y su equipo, queda sometida a una prueba mayor: convertir este precedente en resultados sostenidos y evitar que otros casos terminen en impunidad.
Entre los expedientes mencionados figuran el de la EDE, donde Maxy Montilla, cuñado del expresidente de la república Danilo Medina, aceptó devolver 3 mil millones de pesos al Estado y colaborar con las investigaciones, así como los de Jean Alain Rodríguez, Donald Guerrero y compartes, Intrant, SENASA y el Oncológico de Santiago. La señal que dejan Coral y Coral 5G no cierra el debate; lo traslada hacia la rendición de cuentas pendiente en los demás procesos.