Daniel Ortega afirmó este domingo que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición acceder al poder, una declaración que coloca en primer plano el cierre político denunciado desde hace años por críticos de su gobierno. Durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, el mandatario dijo que su administración impedirá cualquier proceso electoral que, según sostuvo, pueda ser usado por sus adversarios para «atrapar el Gobierno» o «el poder».
El pronunciamiento se produce en un contexto de mayor concentración institucional. Nicaragua es gobernada por Ortega desde 2007 y, desde 2017, comparte el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, designada co-presidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Ejecutivo. Esa modificación, según el propio marco descrito en la reforma, eliminó el equilibrio entre los poderes públicos, subordinó órganos del Estado al Ejecutivo, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, oficializó la figura de la copresidenta y legalizó la apatridia. En su discurso, Ortega arremetió contra opositores exiliados, a quienes llamó «agazapados» y acusó de buscar beneficios económicos. También anunció nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, para endurecer medidas contra quienes calificó como «golpistas» y «vendepatrias».
Las reformas y estas declaraciones han sido cuestionadas por organismos internacionales y varios gobiernos, que advierten la consolidación de un esquema sin contrapesos democráticos y con cada vez menos espacio para la oposición.