Naciones Unidas volvió a aumentar la presión sobre las autoridades de Nicaragua al denunciar la represión de libertades civiles y políticas y advertir que en el país se ha producido una liquidación de los procesos electorales democráticos. El pronunciamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, difundido este 22 de julio, describe un desmantelamiento del espacio cívico y una erosión del Estado de derecho bajo la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De acuerdo con el organismo, el partido oficialista ejerce un dominio absoluto sobre el Parlamento, los municipios y los Consejos Regionales, un panorama que deja a la ciudadanía sin opciones políticas reales para votar o postularse de manera independiente. La advertencia refuerza la alarma institucional sobre la distancia entre la formalidad electoral y la realidad del control político que denuncia la ONU.
El informe además recalca el costo social de esa deriva. Entre los abusos, menciona la represión contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, con especial preocupación por la falta de información oficial sobre el paradero del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, detenido desde el 29 de junio. A ello se suma el impacto sobre pueblos originarios: una cuarta parte de los 18 territorios indígenas ha sido afectada por concesiones mineras y extractivas otorgadas sin consulta previa ni consentimiento libre e informado. Frente a ese escenario, la ONU instó al régimen nicaragüense a liberar a los detenidos arbitrariamente y restablecer las garantías constitucionales.