La ciclovía que el Gobierno habilitó el 3 de junio de 2020, en un tramo de unos 8 kilómetros desde el parque Independencia, por la avenida Simón Bolívar hasta la Enrique Jiménez Moya e incluyendo la avenida Mirador Sur, vuelve a ser cuestionada por denuncias sobre su funcionamiento real. Aunque fue anunciada en plena pandemia como una medida de transporte sostenible y apoyo al distanciamiento social, residentes de la zona aseguran que el resultado no responde a ese objetivo.
Freddy Cabrera, residente de esa demarcación y conocedor de la dinámica diaria del área, afirma que la infraestructura no ha cumplido el propósito para el que fue creada. Según expone, después de más de un lustro de operación no se observa un uso significativo por parte de ciclistas, mientras el espacio es ocupado con frecuencia por motoristas y otros conductores.
Ese señalamiento pone el foco sobre la aplicación del artículo 156 de la Ley 63-17, que establece que el uso de las ciclovías será exclusivo para ciclistas, bajo regulación del Intrant y los ayuntamientos, y que los vehículos de motor que las utilicen serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado. La queja ciudadana también advierte que, lejos de aliviar la movilidad, la ciclovía estaría agravando los tapones, lo que abre nuevas dudas sobre supervisión, cumplimiento y resultados de una intervención pública que fue presentada como un beneficio para la ciudad.