El proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, depositado recientemente en el Senado de la República, coloca al Congreso ante una discusión que va más allá de una nueva figura contractual: cómo responder a las crecientes necesidades de infraestructura, transporte y servicios sin seguir cargando toda la presión sobre un Estado cuya capacidad de inversión vía presupuesto público resulta insuficiente frente a la demanda ciudadana. La propuesta plantea reglas para que la inversión y las capacidades del sector privado participen en obras, bienes y servicios de interés público, con la promesa de modernizar el marco jurídico e institucional.
Pero el propio planteamiento expone el contraste entre discurso y realidad: si el país necesita ahora un régimen específico de concesiones, es porque el esquema vigente no ha bastado para dar respuestas oportunas y sostenibles en áreas sensibles, pese a que ya existen la Ley núm. 47-25 para contrataciones ordinarias y la Ley núm. 47-20 para alianzas público-privadas. El desafío, según el texto, no se limita a aprobar una ley. La alerta institucional está en la capacidad real del Estado para identificar proyectos, estructurarlos correctamente, seleccionar operadores competitivos y supervisar su ejecución durante todo el ciclo contractual.
Ahí queda concentrada la tarea de fiscalización del Congreso: evitar que una herramienta presentada como modernización termine evidenciando, otra vez, el desgaste de gestión y la distancia entre la necesidad de resultados y la respuesta efectiva del aparato público.