Las observaciones formuladas este miércoles por el comunicador Eduardo Martínez sobre prácticas laborales y comerciales en algunos establecimientos administrados por ciudadanos chinos devolvieron al debate la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley en actividades con impacto en empleo, consumo y competencia en República Dominicana. El señalamiento se apoya en actuaciones previas del Ministerio de Trabajo y de Pro Consumidor, instituciones que, según se indicó, ya han aplicado medidas frente a presuntas irregularidades.
Martínez planteó que debe revisarse tanto el aporte efectivo de esos negocios a la economía nacional como el cumplimiento de las disposiciones dominicanas. En ese sentido, afirmó que en numerosos casos predomina la contratación de extranjeros, en especial chinos y haitianos, mientras la presencia de trabajadores dominicanos sería limitada, y denunció supuestos episodios de maltrato, salarios insuficientes y condiciones laborales desfavorables para empleados dominicanos.
La discusión, así, pasa del plano comercial a una advertencia institucional: comprobar si se están respetando las normas laborales, de protección al consumidor y las obligaciones legales de operaciones que, de acuerdo con lo expuesto, deben evaluarse por los empleos que generan para dominicanos y por su contribución al país. Martínez dijo que sus señalamientos no pretenden fomentar xenofobia ni odio racial, aunque sus declaraciones incluyeron comparaciones generalizadas entre ciudadanos chinos y haitianos respecto de su presencia en el territorio dominicano.