Los conflictos entre empresas y personas físicas que se resuelven por la vía privada están cerrándose en menos de dos años, según informó Alejandra Vanessa Díaz Reyes, secretaria general de la Corte y Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD). El dato, más que celebrar un mecanismo alterno, expone el peso que siguen teniendo la mora judicial y el congestionamiento de los tribunales ordinarios, factores que la propia funcionaria señaló entre las razones que empujan al arbitraje.
Díaz Reyes indicó que el 2 de noviembre entrará en funcionamiento un nuevo reglamento de arbitraje en el país, con el que la entidad busca reforzar la seguridad jurídica de los inversionistas. Explicó que el reglamento anterior databa de 2011 y que la actualización incorpora prácticas internacionales “al mismo nivel de lo que está pasando en el mundo”, además de prometer mayor eficiencia, transparencia y eficacia en los métodos alternos de resolución de conflictos.
La Corte de Arbitraje, adscrita a la CCPSD, reportó además que entre 2015 y 2025 los arbitrajes administrados por esa instancia aumentaron 86%. En ese contexto, el crecimiento del arbitraje privado también funciona como señal de alerta institucional: mientras el mundo de los negocios acelera sus mecanismos para resolver disputas, queda bajo escrutinio la capacidad del sistema ordinario para ofrecer respuestas oportunas y resultados consistentes.