El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el cese inmediato del arresto domiciliario de Raúl Alejandro Girón Jiménez, mayor del Ejército y testigo clave del Ministerio Público en el caso Coral, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el manejo institucional de uno de los procesos de mayor sensibilidad pública.
La medida de coerción fue variada por la presidenta del tribunal, magistrada Gisell Méndez, quien impuso en su lugar impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse el último viernes de cada mes. La solicitud había sido presentada por la defensa técnica del imputado, encabezada por el defensor público Rubén Martínez, y no recibió oposición del fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la PEPCA, ni del abogado José Alberto Ortiz, representante del Estado dominicano en el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público.
Al explicar su decisión, la jueza indicó que mantener la privación preventiva de libertad resultaba desproporcionado en la etapa actual del proceso, tras recordar que ya se había cumplido el plazo máximo correspondiente a la pena de cinco años impuesta al militar. Añadió que el arresto domiciliario fue ordenado el 5 de mayo de 2021 y que, al dictarse la sentencia, la condena estaba prácticamente agotada por el tiempo transcurrido bajo esa medida, un contraste que reabre la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se administran los tiempos y decisiones en casos de corrupción de alto perfil.