El Ministerio de Medio Ambiente presentó una evaluación que pone en evidencia una contradicción de fondo: los ecosistemas marinos y costeros dominicanos aportan US$1,792 millones al año a la economía, pero enfrentan un deterioro que compromete ese mismo valor.
De acuerdo con el documento, los manglares siguen perdiendo cobertura, los arrecifes muestran daños y cerca del 70% de las playas presenta erosión. La magnitud del aporte económico confirma que no se trata solo de una preocupación ambiental, sino de un asunto con impacto directo en turismo, protección costera y sostenibilidad productiva.
La publicación oficial obliga ahora a mirar más allá del diagnóstico. Si el Estado reconoce el deterioro, el siguiente paso debe ser explicar qué medidas concretas se ejecutarán, cuánto costarán, qué instituciones asumirán la responsabilidad y bajo qué indicadores se medirá si la recuperación avanza o se queda en una advertencia más.
El informe, al poner cifras al valor de estos ecosistemas, también deja en evidencia el costo de la inacción. Sin seguimiento público, transparencia sobre la ejecución y metas verificables, el país corre el riesgo de perder activos naturales que hoy sostienen una parte importante de la economía.
En ese contexto, la evaluación no debería quedarse en una fotografía del problema. Debe servir como base para una política de protección costera y restauración de manglares con resultados observables, porque el deterioro descrito ya tiene consecuencias ambientales y económicas que no admiten demora.