La querella contra la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, volvió a quedar postergada este lunes, luego de que la audiencia fuera aplazada hasta el 14 de julio por la ausencia de Carlos Balcácer.
Se trata de la segunda vez que el proceso no avanza: en una vista anterior ya había ocurrido una postergación por la falta de representación legal de Ortiz. La secuencia de retrasos reabre el foco sobre el funcionamiento del caso y sobre la necesidad de que las reglas procesales se apliquen de manera uniforme, sin privilegios ni tratamientos distintos para ninguna de las partes.
Aunque el expediente sigue sin ser conocido en audiencia, el episodio deja en evidencia un problema institucional más amplio: cuando una querella de este tipo queda frenada por ausencias o fallas de comparecencia, se prolonga la incertidumbre y se afecta la confianza en que el sistema judicial responde con la misma exigencia a todos los involucrados.
El aplazamiento hasta el 14 de julio mantiene en suspenso un proceso que, por su propia naturaleza, exige celeridad, orden y apego estricto a las reglas. En un caso ligado a la jefa de la Pepca, la expectativa pública sobre transparencia y equidad procesal aumenta, precisamente porque la legitimidad de la justicia depende de que no existan primeras ni segundas categorías ante la ley.