El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) entregó este lunes en la sede de Gobierno un documento con más de 1,000 firmas ciudadanas para solicitar al presidente Luis Abinader la “derogación inmediata” de las políticas migratorias aplicadas en los hospitales públicos de República Dominicana. El protocolo oficial, vigente desde abril de 2025, dispone que inspectores y agentes migratorios desplegados en los hospitales verifiquen que los pacientes tengan identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en República Dominicana y que cubran el costo de los servicios recibidos.
Si no cumplen con esos requisitos, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados. Según el Colectivo, la presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios limita el derecho a la salud y golpea de manera especial a “mujeres embarazadas, niñas, niños, personas migrantes haitianas”, así como a “personas dominicanas de ascendencia haitiana, negras o sin documentos”, que pueden ser víctimas de perfilamiento racial. “Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria.
Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública”, expresó la organización, que insistió en que los hospitales deben mantenerse como espacios seguros donde prevalezca la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, independientemente de la condición migratoria.