El proselitismo anticipado sigue dejando al descubierto una falla de control institucional: la Junta Central Electoral ha recurrido a advertencias e intimaciones, aunque esas medidas no han bastado para detener las infracciones a la ley. La situación se mantiene activa desde que terminó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader anunció que no promovería una reforma constitucional para optar por un tercer mandato.
Pese a que la ley 33-18 fija que la precampaña electoral y las actividades proselitistas comienzan el primer domingo de julio del próximo año, dirigentes oficialistas y opositores han ocupado el espacio público con acciones adelantadas. La propia JCE ha admitido, con sus actuaciones, que las disposiciones vigentes están siendo rebasadas sin que, por ahora, las advertencias den resultados efectivos.
Entre los casos mencionados por el órgano electoral figura el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), intimado en agosto del pasado año por actos y declaraciones proselitistas antes del período permitido. La JCE llegó a calificar como un “hecho manifiestamente notorio” que varios miembros del partido oficialista realizaron pronunciamientos públicos de carácter proselitista de forma anticipada, difundidos en medios de comunicación y redes sociales, un contraste que refuerza las exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre el respeto a las reglas electorales.