La paralización de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, reactivó una discusión que va más allá de un expediente específico: qué controles reales existen para que la minería no avance de espaldas a las comunidades ni deje al país con beneficios pasajeros. El propio debate expone que ya no bastan permisos administrativos, estudios técnicos o viabilidad económica, porque la presión ciudadana ha colocado en el centro la licencia social, la participación comunitaria y la protección de los recursos hídricos.
En ese escenario, el reclamo de fondo no es solo autorizar o rechazar proyectos extractivos, sino exigir resultados verificables para la población. Si los minerales son patrimonio nacional y su extracción agota un recurso no renovable, la discusión pasa por evitar que el país termine únicamente con estadísticas de exportación o ingresos fiscales ya gastados, sin infraestructura más robusta, una economía más competitiva ni mayores oportunidades para las comunidades.
Desde la Secretaría de Estrategia Nacional de Desarrollo se plantea el Fondo Raíz Dominicana (FRD) como un Fondo Nacional de Activos Estratégicos, Infraestructura y Ahorro de Largo Plazo. La propuesta surge en medio de una señal política clara: la ciudadanía reclama vigilancia, beneficios concretos y rendición de cuentas sobre cómo se administra la riqueza minera, en un contexto donde el discurso sobre desarrollo ya no resulta suficiente sin garantías duraderas.