La decisión de llevar a juicio de fondo al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz volvió a quedar bajo la lupa después de que su defensa alegara que la acusación ha descansado más en una narrativa levantada durante años que en las pruebas incorporadas al expediente tras casi seis años de investigación y proceso judicial. Los abogados también criticaron que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazara la extinción de la acción penal, pese a que, según sostienen, la propia decisión no le atribuye a Guerrero Ortiz ni a sus representantes una sola actuación dilatoria durante el juicio preliminar.
En un comunicado, Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez también cuestionaron uno de los ejes centrales de la acusación: el supuesto fraude asociado a RD$ 21 mil millones. La defensa recordó que, durante la fase preliminar, se incorporaron certificaciones oficiales que, según expone, confirman que esos recursos nunca salieron del patrimonio estatal. Agregó que el Banco de Reservas certificó que los RD$21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, conforme a su Informe Anual 2020.
Los abogados afirman además que las pruebas debatidas en audiencia preliminar demostraron que los pagos por expropiaciones se hicieron dentro del marco legal, con respaldo de sentencias judiciales y tasaciones autorizadas. En esa misma línea, señalaron que la propia jueza ordenó el pago del 20 % restante de varias expropiaciones, lo que, a juicio de la defensa, reconoce la existencia de esas obligaciones y vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de mayor rigor institucional y rendición de cuentas en procesos judiciales de alto impacto público.