El Tribunal Constitucional anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que había favorecido a Edeeste en la demanda presentada por la madre de un niño de seis años que murió electrocutado en la Base Aérea de San Isidro, y ordenó que el caso sea conocido nuevamente. La decisión vuelve a abrir un litigio atravesado por el impacto humano de una tragedia ocurrida el 23 de febrero de 2018, cuando el menor tocó un cable tensor de un poste del tendido eléctrico ubicado junto a la acera mientras caminaba con su hermano mayor para comprar una merienda.
De acuerdo con el expediente, ese cable de soporte, que no debía conducir electricidad, estaba energizado y la descarga le provocó la muerte. Aunque la Suprema había respaldado el criterio de que Edeeste no tenía responsabilidad porque las líneas pertenecían a la Fuerza Aérea Dominicana, el TC determinó que los jueces también debieron evaluar si la distribuidora ejercía control sobre el fluido eléctrico que circulaba por esas instalaciones y que provocó el hecho.
La sentencia se suma a una serie de decisiones recientes en las que el Tribunal Constitucional ha reforzado el examen de la responsabilidad de las empresas eléctricas cuando ciudadanos resultan afectados por electrocuciones, incendios y otros daños vinculados al servicio energético. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio institucional la respuesta frente a fallas con consecuencias fatales y la necesidad de que las responsabilidades por daños a usuarios y familias no queden fuera de la revisión judicial.