La gira del papa León XIV por Latinoamérica empezará el 6 de noviembre en Uruguay y continuará por Argentina y Perú, en un recorrido atravesado por modelos distintos de relación entre el Estado y la religión. Que el inicio sea en territorio uruguayo no solo marca una singularidad regional: también expone el peso institucional de decisiones públicas que, desde hace más de un siglo, redefinieron símbolos, festividades y funciones antes vinculadas a la Iglesia.
La separación constitucional entre la Iglesia y el Estado en Uruguay se aprobó en 1918 y entró en vigencia en 1919, aunque el proceso había comenzado antes. En ese marco se municipalizaron los cementerios, se instauró la laicidad en la escuela pública, se creó el registro civil y se estableció el matrimonio civil obligatorio. Ese mismo año, una ley rebautizó celebraciones: la Navidad pasó a Día de la Familia, el 6 de enero a Día de los Niños, el 8 de diciembre a Día de las Playas y la Semana Santa a Semana de Turismo. Para la historiadora Carolina Greising, “desde 1861, gradualmente se le fue quitando a la Iglesia Católica la gestión de un montón de actividades que tradicionalmente hacía y que en cierto punto le daban poder”.
Greising también subraya que León XIV “no llega al país más laico de Latinoamérica, llega al país que tiene el Estado más laico de Latinoamérica”, una precisión que desplaza la discusión desde la fe privada hacia el diseño institucional. Con un 36 % de la población que se define como católica y un 29 % que se considera agnóstica o atea, el caso uruguayo muestra cómo las decisiones del poder público pueden reorganizar la vida común más allá del plano simbólico. En una región donde la sociedad civil suele exigir vigilancia sobre las prioridades del Estado, la primera escala del viaje deja abierta una pregunta de fondo sobre el uso institucional de la religión y sus límites en la esfera pública.