La reforma policial impulsada por el Ejecutivo llegó al cierre de la legislatura sin salir del atasco legislativo. La iniciativa, depositada el 8 de diciembre de 2025, acumula retrasos, nuevas prórrogas y observaciones legales en el Senado, mientras continúa pendiente también en la Cámara de Diputados.
El avance del proyecto vuelve a poner bajo escrutinio la gestión oficial sobre una reforma anunciada como prioritaria. En lugar de mostrar un trámite fluido o una ruta clara de aprobación, el expediente se mantiene detenido, lo que abre preguntas sobre la coordinación institucional, el seguimiento político y la capacidad del Gobierno para convertir su agenda de seguridad en resultados legislativos verificables.
Hasta ahora, el proceso sigue marcado por dilaciones. Las prórrogas y reparos legales se han acumulado sin que el texto salga del embudo congresual, lo que retrasa cualquier eventual implementación y mantiene en suspenso el alcance real de los cambios propuestos para la Policía Nacional.
La situación también obliga a revisar el costo político e institucional de un proyecto que, por su naturaleza, impacta directamente la seguridad ciudadana. Mientras la iniciativa permanece bloqueada, no se han transparentado en la pieza consultada detalles adicionales sobre medidas de acompañamiento, cronograma de aplicación o mecanismos de rendición de cuentas que permitan medir su avance y su eventual impacto.
En ese contexto, la reforma policial queda como una prueba pendiente para el Ejecutivo: no solo por la viabilidad de su aprobación, sino por la necesidad de explicar por qué una propuesta presentada como urgente sigue sin cerrar su recorrido legislativo.