Las medidas que el oficialismo presenta como los principales hitos de la gestión de Luis Abinader volvieron a poner a la justicia dominicana en el centro de la discusión: la independencia del Ministerio Público, la renovación de la Suprema Corte de Justicia y la aprobación del nuevo Código Penal. Sin embargo, la relevancia institucional de esas decisiones también expone al Gobierno a un escrutinio más exigente, en un escenario donde la sociedad civil y los actores políticos insisten en que el alcance de los cambios no puede medirse solo por el discurso, sino por su capacidad de proteger el Estado de derecho.
El propio texto recuerda que, antes de asumir el poder en 2020, Abinader recorrió el país con el compromiso de asegurar la independencia y el fortalecimiento del sistema de justicia. Bajo esa premisa, la actuación reciente del presidente al frente del Consejo Nacional de la Magistratura, con la renovación de la SCJ, se añade a la designación de Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso el 16 de agosto de 2020, así como a la aprobación del nuevo Código Penal. Vistas en conjunto, esas decisiones no clausuran la discusión: la trasladan hacia la rendición de cuentas sobre la verdadera profundidad de la reforma institucional prometida.
El artículo original plantea esas medidas como aportes esenciales al ordenamiento jurídico, la institucionalidad y la calidad democrática. Aun así, el alcance de esos cambios mantiene abierta una advertencia institucional: cuando el Gobierno sitúa la justicia en el centro de su narrativa, también queda compelido a demostrar que la independencia proclamada resiste la prueba del poder, atiende las prioridades ciudadanas y no se reduce a una secuencia de anuncios de alto impacto político.