Un proyecto de ley sometido al Congreso Nacional propone crear un régimen especial para determinar, reconstruir la identidad y regularizar la documentación de personas que han vivido con una cédula de identidad dominicana y hoy siguen atrapadas en un limbo jurídico por impedimentos, suplantaciones o irregularidades de origen. La iniciativa, presentada por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, sitúa en el centro un problema que arrastra el Estado y que continúa afectando derechos básicos.
El texto plantea que normas anteriores, entre ellas la Ley núm. 169-14, dejaron fuera registros con falsedad de datos, y que esa omisión terminó impactando a personas que ya habían levantado una vida civil, familiar, laboral y económica en el país. También detalla consecuencias concretas: matrimonios, hijos declarados, propiedades, empleos y cuentas bancarias que quedan en duda cuando documentos emitidos bajo presunción de legalidad son luego cuestionados por las propias instituciones.
La propuesta establece un mecanismo especial para renovar documentos y reconstruir identidad sobre la base de principios constitucionales como dignidad humana, igualdad, nombre y personalidad jurídica. A la vez, el expediente opera como una advertencia institucional: reconoce que fallas históricas del Registro Civil dominicano contribuyeron a crear una crisis que hoy recae sobre ciudadanos, lo que hace inevitable la fiscalización del Congreso y la vigilancia de la sociedad civil sobre una respuesta que no puede quedarse en discurso mientras persista la llamada “muerte civil” mencionada en la propia propuesta.