El Ministerio de Hacienda contará con más espacio para objetar solicitudes de exoneraciones e incentivos fiscales bajo la Ley 30-26, una modificación que elimina la no objeción obligatoria y le permite recomendar al Poder Ejecutivo que frene pedidos de clasificación.
El cambio coloca bajo mayor escrutinio un esquema de beneficios tributarios que, según la propia referencia incluida en la pieza, representa un costo de cientos de miles de millones de pesos al año para el Estado. En ese contexto, la discusión no se limita a una facilidad administrativa para Hacienda: también obliga a revisar qué impacto tienen esos incentivos sobre la recaudación, la equidad del sistema y el margen fiscal disponible para servicios públicos.
La nueva facultad abre la puerta a una revisión más estricta de solicitudes empresariales, pero el punto de interés público será cómo se aplica en la práctica: con qué criterios, qué transparencia tendrá el proceso y si el Gobierno publicará resultados que permitan medir cuántas objeciones se presentan, cuántas prosperan y cuánto dinero deja de comprometerse en exenciones.
En un país donde los beneficios fiscales pesan de forma relevante sobre las finanzas públicas, el cambio normativo exige algo más que una actualización legal. También demanda rendición de cuentas sobre el costo de esos incentivos y sobre si su diseño responde a objetivos verificables o a una pérdida persistente de ingresos para el fisco.