Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno se han presentado como una respuesta a la responsabilidad fiscal y a la coyuntura internacional, pero su propio planteamiento deja claro que la administración ha debido entrar en una fase de ajuste, con reducción y reorientación del gasto público. Así, el debate ya no gira solo en torno al discurso oficial, sino en la exigencia de fiscalizar cómo se llegó a este punto y cuál será el costo real para la población.
El Gobierno sostiene que la presión de los precios internacionales del petróleo, los costos logísticos y otras tensiones externas obligan a buscar equilibrios para evitar más inflación, menos inversión pública, deterioro de programas sociales y mayor vulnerabilidad de las familias. Al mismo tiempo, afirma que las medidas no tocan el ITBIS, no afectan las compras por internet, no aumentan el IPI ni cargan el impuesto sobre la renta de las Mipymes, y que además incluyen eliminación de anticipos para microempresas, facilidades tributarias para pequeños negocios, ampliación del Régimen Simplificado de Tributación y alivios para sectores productivos y familias.
No obstante, entre las disposiciones está el aumento de la tasa del impuesto a cheques y transferencias electrónicas, que pasa de 0.15% a 0.20%, un cambio que el oficialismo intenta minimizar al señalar que en una operación de RD$100,000 la diferencia sería de RD$50. La discusión de fondo, sin embargo, apunta a la distancia entre el discurso de sensibilidad social y la necesidad de explicar con claridad por qué, en medio de un ajuste, se recurre a más cargas y recortes, y cómo se protegerá realmente a la clase media y a las familias.