El Colegio Médico Dominicano (CMD) sometió una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo Código Penal, al advertir que esas disposiciones tendrían impacto directo en la atención médica y en el ejercicio profesional.
La organización sostiene que las normas cuestionadas podrían encarecer los servicios, retrasar procesos y abrir la puerta a una revisión de disposiciones que ya habían sido objetadas por distintos sectores.
La impugnación coloca nuevamente bajo escrutinio el alcance del nuevo Código Penal, en momentos en que sus efectos prácticos todavía generan debate entre profesionales de la salud y juristas. Más allá de la discusión legal, el señalamiento del CMD obliga a evaluar si el marco aprobado protege adecuadamente a pacientes y médicos sin añadir barreras innecesarias al acceso a la atención.
Hasta ahora, la pieza no incluye una respuesta oficial del Gobierno ni de las autoridades legislativas sobre el recurso presentado. Esa ausencia deja pendiente una aclaración sobre el alcance de las medidas cuestionadas, su eventual impacto en la prestación de servicios y la defensa pública de la norma.
El caso se suma a otras objeciones planteadas en torno al nuevo Código Penal y pone el foco en la necesidad de una revisión técnica que permita medir consecuencias reales, costos y efectos sobre derechos y servicios esenciales.