El suicidio de Brayan Rayo Garzón, un migrante colombiano que estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), regresó al centro del debate luego de que Associated Press divulgara una investigación en la que advierte que los suicidios entre migrantes retenidos por ese organismo están creciendo de manera «alarmante». El caso vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de detención y la necesidad de una mayor fiscalización de una política migratoria que ya enfrenta cuestionamientos por sus consecuencias humanas.
De acuerdo con los registros oficiales, Rayo pasó cuatro días en aislamiento en una cárcel de Misuri después de ser capturado por el ICE. Su situación se agravó mientras enfrentaba síntomas de covid-19 y se aplazaba la respuesta a una solicitud de atención en salud mental. Además, se le negó la posibilidad de llamar por teléfono a su madre con el argumento de evitar la propagación de la enfermedad en el penal. En ese período, escribió dos notas a mano a sus custodios para pedir que le permitieran hablar con ella.
El caso generó la reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ordenó a la Cancillería entregar una nota de protesta e instó a Washington a «reflexionar» sobre las consecuencias de su política migratoria. En un mensaje en X, Petro dijo que al joven no se le permitió llamar a su madre y vinculó lo ocurrido con los efectos de esa estrategia. La secuencia recogida en los registros y en la investigación reabre así el contraste entre el discurso de control migratorio y el resultado visible dentro del sistema de detención.