El rechazo de Banreservas a embargar fondos de la Junta Central Electoral evitó la inmovilización de RD$108,720,000 reclamados por Latin Events, LLC, pero no cerró un caso que expone otra vez la fragilidad institucional alrededor de obligaciones discutidas en los tribunales. Según la propia JCE, la negativa del banco se apoyó en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que impiden inmovilizar fondos públicos salvo ante una sentencia definitiva, condición que —afirma el órgano electoral— no se cumple en este proceso.
El expediente sigue abierto. La JCE informó que interpuso un recurso de apelación contra el auto del 29 de junio de 2026, mediante el cual la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió la solicitud de homologación de una sentencia extranjera presentada por Latin Events, LLC. Esa decisión buscaba dar fuerza ejecutoria en el país a una sentencia emitida en Estados Unidos por alegado incumplimiento contractual, lo que mantiene bajo fiscalización un caso con impacto potencial sobre recursos públicos.
La Junta sostiene que demostrará en los tribunales que no asumió la obligación reclamada por la empresa y reiteró que no existe evidencia de aprobación ni autorización de los servicios. Aun así, el hecho de que el conflicto haya avanzado hasta una disputa por fondos de la institución refuerza el contraste entre el discurso de control y la necesidad de rendición de cuentas sobre la gestión de este tipo de procesos, en un escenario que vuelve a encender alertas sobre transparencia y estabilidad institucional.