La tala masiva de robles históricos y árboles de mango en el centro de Baní ha puesto bajo la lupa un proyecto de remozamiento valorado en 57 millones de pesos, después de que la intervención provocara una fuerte reacción social por la pérdida de patrimonio natural e histórico frente a la Gobernación Peravia, el edificio de Oficinas Gubernamentales y el Hospital Nuestra Señora de Regla. Ambientalistas, juristas y comunicadores locales han descrito lo ocurrido como «un auténtico ecocidio urbano».
La indignación se propagó rápidamente por la televisión local, las plataformas digitales y las redes sociales, mientras sectores organizados y ciudadanos veían los troncos cortados en las aceras. Las explicaciones surgidas desde sectores vinculados al poder local quedaron entonces bajo cuestionamiento: se ha hablado de deterioro del concreto y del envejecimiento de las especies, pero el propio texto señala que evidencias fotográficas, videos y la consistencia del roble contradicen que los árboles representaran una amenaza para la infraestructura o estuvieran afectados por enfermedades mortales.
El episodio ha reforzado el papel de la sociedad civil en la fiscalización de decisiones públicas que, bajo el discurso del remozamiento, terminan generando costo social y ambiental. Con robles descritos como especies capaces de perdurar durante siglos, la controversia en Baní abre una alerta sobre gestión y resultados: no solo por lo ejecutado, sino por la necesidad de rendición de cuentas ante una intervención que, lejos de mejorar el entorno, ha profundizado el choque entre la versión oficial y la realidad visible para la ciudadanía.