SANTO DOMINGO.- Los más recientes apresamientos divulgados por la Policía Nacional en Espaillat, La Vega, Santo Domingo Este y Monseñor Nouel vuelven a dejar una tensión incómoda entre el discurso de control y la realidad que viven los ciudadanos: homicidio, robo, estafa electrónica y porte ilegal de armas ya habían causado daño antes de que se produjeran las capturas.
De acuerdo con la institución, varias personas fueron detenidas durante operativos e investigaciones realizadas junto al Ministerio Público. Entre ellas está Manuel Martínez García Velásquez, de 63 años, arrestado en Villa Tapia, provincia Espaillat, luego de ser sorprendido con una pistola calibre 9 milímetros que portaba de forma ilegal, sin la documentación requerida.
En La Vega, las autoridades recibieron a Brayan Antonio Acevedo Domínguez, alias “Maicol Pon”, de 22 años, quien era buscado por la muerte de Junior Florentino Hernández, de 20, ocurrida en el sector Palmarito. Según las investigaciones, el hecho habría surgido por viejas rencillas personales, un elemento que también deja bajo presión la capacidad preventiva del sistema frente a conflictos que terminan en consecuencias fatales.
El reporte agrega el apresamiento en Santo Domingo Este de Jhonatan Mendoza Cruz, conocido como “El Moreno” o “El Haitiano”, acusado de sustraer RD$33,000 de una banca de lotería en el sector La Ureña. La Policía indicó que su identificación fue posible mediante análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia. En Bonao, Yisel Matías Bautista, de 25 años, se entregó de manera voluntaria para responder a dos órdenes de arresto por su presunta participación en casos de estafa y fraude electrónico en perjuicio de dos ciudadanos.
Aunque la Policía informó que todos los detenidos fueron o serán puestos a disposición del Ministerio Público, la secuencia de hechos vuelve a poner sobre la mesa la demanda de rendición de cuentas sobre resultados reales, prevención y protección efectiva. Para la sociedad civil, y en medio del debate político sobre gestión y prioridades públicas, casos como estos alimentan la alerta institucional: no basta con exhibir operativos cuando el costo social ya recae sobre la gente.