SANTO DOMINGO.— Participación Ciudadana llamó la atención sobre un aspecto delicado del sistema judicial al advertir que la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada siete años puede comprometer su independencia, una advertencia institucional que reaparece justo cuando el debate sobre reglas y controles vuelve a ocupar el centro de la conversación pública.
En una entrevista en el programa Esferas de Poder, el coordinador general de la entidad, Francisco Álvarez Valdez, se mostró favorable a modificar ese esquema cuando se tramite una nueva reforma constitucional. “Estamos completamente de acuerdo con modificar el sistema. Eso es lo primero. Ahí vamos a tener mucho consenso”, sostuvo, al cuestionar que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga que revisar de forma periódica la permanencia de los magistrados de la SCJ.
Álvarez Valdez explicó que el mecanismo actual resulta nocivo porque sitúa a los jueces frente a la posibilidad de que su continuidad dependa de una evaluación periódica. Recordó que antes de la reforma constitucional de 2010 existía otro modelo, bajo el cual los jueces de la Suprema Corte y de las altas cortes se mantenían en sus funciones hasta llegar a la edad de retiro, y opinó que ese esquema debería volver a considerarse. También lo comparó con la disposición sobre la Procuraduría General de la República, cuya titularidad, según dijo, quedó establecida por períodos de dos años con opción de ratificación.
El planteamiento de Participación Ciudadana también se extendió a la composición de la Suprema Corte. El jurista advirtió que actualmente quedarán dos mujeres de las cinco que antes integraban el tribunal, con lo que reabrió la discusión sobre el equilibrio de género y sobre la manera en que se toman decisiones clave en las instituciones. En un escenario en que la sociedad civil pide vigilancia sobre el poder, el debate vuelve a presionar los mecanismos de selección y permanencia de quienes administran justicia.