Las defensas en el caso Senasa 2.0 levantaron un nuevo frente de cuestionamiento sobre el manejo institucional del expediente, luego de afirmar que los allanamientos y arrestos no los sorprendieron. Billy Gerónimo, abogado de Angeury Guzmán, sostuvo que se sabía que “en algún momento” esas acciones iban a ocurrir y afirmó que su representado, arrestado en la capital, está preparado para responder por las acusaciones. “Estamos preparados para la fijación de la medida de coerción; (preparados) para echar el pleito”, expresó.
Manuel Mateo, representante de dos médicos ligados al proceso, se pronunció en términos similares. Aseguró que sus clientes no representan peligro de fuga ni afectarán el curso judicial, por lo que entiende que la fase siguiente puede conocerse con ellos en libertad. “Son profesionales de la salud y, además, no van a obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. Son personas que tienen arraigos más que suficientes, profesionales de la salud connotados. Ellos sabían del proceso de investigación desde hace más de un año y no se sustrajeron”, explicó.
El Ministerio Público pidió el sábado 18 meses de prisión preventiva para 25 de los arrestados en la operación Cobra 2.0-A, ejecutada el viernes en el marco de una pesquisa sobre un presunto entramado de corrupción administrativa que habría desviado fondos públicos mediante el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, encabezó el equipo de fiscales que presentó la solicitud ante la Oficina Judicial correspondiente. En un expediente que involucra recursos públicos y servicios sensibles, las declaraciones de las defensas colocan el foco en la exigencia de seguimiento ciudadano y rendición de cuentas sobre el avance y los resultados del proceso.