La resolución judicial que dejó fuera del expediente a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, mediante un No Ha Lugar, supuso un golpe político para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que había hecho de la lucha contra la corrupción y del fin de la impunidad dos de los ejes principales de su propuesta electoral, respaldado en la supuesta idoneidad de un Ministerio Público independiente. En cambio, el fallo se traduce en una victoria política para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que venía denunciando una judicialización de la política en su contra.
A su vez, el resultado refuerza al expresidente Danilo Medina y al PLD, que sostenían que existía una persecución política orientada a dañar la marca del partido morado desde su salida del poder en 2020. Con ello, el caso deja de ser una bandera del discurso oficial para convertirse en un foco de cuestionamientos sobre la distancia entre la narrativa gubernamental y el desenlace judicial de uno de los expedientes más emblemáticos.
La controversia se amplió tras el comunicado de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien reprochó la manipulación de la justicia con fines políticos y advirtió sobre su efecto en la integridad institucional. A ello se sumó la información divulgada por Castillo en sus redes sociales sobre la restitución de una visa de diez años que le había sido cancelada, un elemento que vuelve a poner bajo escrutinio el manejo político de procesos que el oficialismo presentó como prueba de su compromiso con la transparencia.