En una audiencia realizada este viernes en San Cristóbal por el 182 aniversario de la Carta Magna dominicana, el pleno del Tribunal Constitucional puso el foco en un punto sensible para la vida institucional: nadie queda fuera del control de los tribunales, incluidos militares y policías, cuando se trata de perseguir la delincuencia o de salvaguardar derechos.
El magistrado Domingo Antonio Gil citó el artículo 69 de la Constitución, relativo a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, y recordó que el Estado está obligado a garantizar una justicia accesible, oportuna y gratuita. “(A los tribunales) hemos de acudir todos, gobernantes y gobernados. Óigase bien, sin excepción alguna, lo que incluye, obviamente, a militares y policías. Cuando de reclamar y salvaguardar derechos se trate…”, afirmó. También advirtió que ese mandato “que nadie, absolutamente nadie, puede desconocer” es la vía del Estado de derecho y que, de lo contrario, “todo será (una) selva”.
La intervención de los 13 integrantes del órgano, encabezado por Napoleón Estevez, dejó así una señal de alerta institucional: la Constitución no admite atajos ni mecanismos paralelos fuera de la legalidad. En un escenario donde la sociedad civil suele reclamar controles efectivos y coherencia entre discurso y práctica, el recordatorio del TC refuerza la demanda de rendición de cuentas sobre cómo se ejerce la fuerza pública y sobre si las garantías que reconoce la norma suprema se cumplen de manera real para todos.