La explosión de San Cristóbal, ocurrida hace tres años, y el colapso del Jet Set, todavía reciente, vuelven a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para aprender, corregir y prevenir. La cercanía entre ambas tragedias no solo reactiva el duelo: también deja al descubierto la distancia entre la urgencia de cambios institucionales y los resultados que realmente se han visto.
Ese contraste se acentúa cuando se mira el curso de los procesos judiciales. En San Cristóbal, el juicio aún no concluye con una sentencia definitiva años después; en el Jet Set, aunque el expediente avanzó con más rapidez, apenas comienza la fase inicial del juicio de fondo. La demora prolonga el dolor de las víctimas y sus familiares y, además, le quita fuerza disuasoria a las leyes.
A la vez, los dos casos evidencian debilidades que persisten en la fiscalización del cumplimiento de normas, con competencias no siempre claras, inspecciones insuficientes y hallazgos que no se convierten con la rapidez necesaria en medidas correctivas. A eso se suma la brecha entre la legislación y su aplicación: desde 2022 está vigente una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, pero muchos municipios todavía carecen de los instrumentos y las capacidades para hacerla efectiva. La alerta institucional sigue abierta: cuando la gestión no transforma las lecciones en prevención real, el costo termina recayendo sobre la ciudadanía.