La muerte de ciudadanos durante actuaciones policiales, entre ellos el caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, volvió a colocar al Gobierno frente a una demanda de resultados que ya no se satisface solo con anuncios. Ante ese panorama, el presidente Luis Abinader pidió al Congreso Nacional aprobar “lo antes posible” la reforma policial depositada por el Poder Ejecutivo hace ocho meses, en medio de una consternación nacional que ha puesto bajo la lupa la capacidad oficial para frenar los abusos.
En una entrevista con los periodistas José Monegro y Edith Febles, Abinader afirmó que estos hechos refuerzan la necesidad de profundizar la reforma de la Policía Nacional y defendió que la iniciativa daría un marco institucional más moderno y mayores garantías de derechos ciudadanos. Sin embargo, el propio llamado presidencial deja en evidencia que, pese al discurso de transformación, el proyecto sigue sin convertirse en una respuesta efectiva mientras continúan registrándose casos graves.
El mandatario dijo además que el Gobierno ha respaldado la actuación independiente del Ministerio Público en cada caso de presunto abuso policial, con el propósito de que los responsables respondan ante la justicia. Esa postura vuelve a centrar la atención sobre la rendición de cuentas de las instituciones y sobre la vigilancia de la sociedad civil frente a una crisis que no admite más demoras entre promesas, trámites legislativos y resultados pendientes.
Abinader también enumeró avances en la Policía Nacional, como aumento salarial, ampliación de cobertura médica, fortalecimiento de la formación e incorporación de capacitación en derechos humanos. Pero el hecho de que esos cambios convivan con muertes en actuaciones policiales refuerza la alerta institucional: el problema no es solo de anuncios de modernización, sino de eficacia real para proteger a los ciudadanos.
Según explicó, antes muchos agentes recibían apenas unos meses de entrenamiento y ahora el proceso incluye seis meses de preparación académica y tres meses de práctica. Aun así, el caso de Darlin y otros episodios recientes mantienen abierta la pregunta central sobre la gestión del Gobierno y del Congreso: por qué, después de meses de discusión y de una reforma ya depositada, la ciudadanía sigue asumiendo el costo social de una transformación que todavía no se traduce en garantías suficientes.