Sesenta y cinco años después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, República Dominicana conserva libertades públicas, pluralidad política y elecciones periódicas, pero todavía carga con problemas estructurales que erosionan la confianza en la democracia. En el debate nacional siguen presentes las denuncias por privilegios, impunidad, corrupción y desigualdad, señales de que la consolidación de la justicia social y la igualdad ante la ley continúa pendiente.
Esa tensión entre los avances democráticos y las deudas institucionales ocupa hoy la preocupación de historiadores y politólogos, que alertan sobre el aumento de jóvenes que simpatizan con figuras autoritarias o sostienen que bajo las dictaduras “se vivía mejor”. De acuerdo con el texto, el fenómeno se vincula con frustración social, desencanto político y desconocimiento histórico, en un escenario en el que muchos nacieron en democracia y no experimentaron el miedo, la censura ni la violencia política de los regímenes autoritarios.
A 65 años del final de 31 años de terror político, persecución y control absoluto del Estado, la advertencia no se agota en la memoria histórica. También plantea una alerta institucional: cuando persisten la desigualdad, la impunidad y la falta de resultados en temas sensibles, se debilita la valoración ciudadana de la democracia y se abre espacio a discursos que relativizan el costo real de las dictaduras.