El Ministerio de Medio Ambiente reconoció que la extracción ilegal de arena en el río Camú continúa activa en varios puntos de La Vega, a pesar de los operativos, las intervenciones y las sanciones anunciadas para frenar la práctica.
La admisión coloca nuevamente bajo presión la capacidad de fiscalización del Estado sobre un recurso hídrico sometido a explotación irregular. Aunque las autoridades han realizado acciones de control, la persistencia del problema sugiere que los resultados todavía son limitados y que hace falta mayor seguimiento para verificar si las medidas aplicadas están teniendo efecto real.
La continuidad de la extracción también plantea interrogantes sobre la coordinación de las instituciones responsables de la vigilancia ambiental, así como sobre la transparencia en torno a la frecuencia de los operativos, el alcance de las sanciones y el cumplimiento de las disposiciones impuestas.
En una zona donde el deterioro de los cauces tiene consecuencias ambientales y comunitarias, el reconocimiento oficial obliga a pasar del anuncio a la evaluación de resultados. No basta con informar intervenciones: la ciudadanía necesita saber qué impacto concreto han tenido, qué puntos siguen vulnerables y qué medidas adicionales se adoptarán para detener la extracción ilegal.
Por ahora, el mensaje que deja el propio Ministerio es que la práctica no ha sido erradicada. Eso exige más vigilancia, rendición de cuentas y una respuesta sostenida que demuestre capacidad de control sobre un problema que sigue afectando al río Camú.