El Colegio Médico Dominicano (CMD) impugnó ante el Tribunal Constitucional varios artículos de la Ley 74-25, el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso, en un movimiento que abre un nuevo frente de fiscalización sobre el alcance de la reforma penal.
La acción del gremio médico se centra en disposiciones que, de acuerdo con su planteamiento, podrían extender sanciones sin observar la responsabilidad individual ni las garantías del debido proceso. Con ello, el debate deja de ser solo político o legislativo y pasa a una revisión jurisdiccional sobre la constitucionalidad de artículos concretos de la normativa.
La impugnación coloca bajo observación una de las reformas más relevantes aprobadas por el Congreso, no por el anuncio en sí, sino por sus efectos prácticos sobre derechos, obligaciones y eventuales sanciones. En este escenario, el Tribunal Constitucional deberá ponderar si los artículos cuestionados se ajustan al marco constitucional vigente.
Por ahora, el proceso abre una instancia de control institucional sobre una ley ya aprobada, mientras persiste la discusión pública sobre su aplicación y el alcance real de sus disposiciones.