El Gobierno propuso endurecer la supervisión sobre las leyes de incentivos fiscales para evitar abusos en la concesión de exenciones tributarias. La iniciativa forma parte del paquete fiscal y fue presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.
Díaz admitió que los controles vigentes no han funcionado de manera homogénea. El punto central está en los recursos que el Estado deja de percibir por esos beneficios.
El proyecto no elimina los incentivos existentes. Sí busca dar al Ministerio de Hacienda y Economía una participación más activa en la evaluación de nuevas solicitudes, aunque el propio funcionario reconoció que las atribuciones ya previstas para emitir opiniones no siempre se han aplicado con consistencia.
La propuesta dispone además que cualquier objeción de Hacienda y Economía tenga que ser validada por el presidente de la República. Con esa fórmula, la revisión de exenciones queda atada a una decisión política en un tema sensible para los ingresos públicos.
El Gobierno sostiene que la meta es asegurar que los incentivos se concedan conforme a la ley, produzcan el impacto económico previsto y mejoren la eficiencia del sistema tributario. La discusión vuelve a poner bajo escrutinio el costo de las exenciones para el Estado.