El presidente Luis Abinader, mediante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, depositó ante el Senado un proyecto de modificación del artículo 1 del Código Civil dominicano para fijar un mismo plazo de entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. La propuesta parte de que la diferencia actual entre ambas demarcaciones provoca un desfase de un día que puede derivar en desigualdad en la aplicación de las normas y comprometer la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La iniciativa, además, busca que las publicaciones de leyes en medios electrónicos oficiales sean reconocidas como válidas, con el mismo efecto jurídico que la publicación impresa. Aunque el Poder Ejecutivo la presenta como parte de una modernización del sistema jurídico y de una difusión más rápida y transparente, la reforma sitúa en primer plano la necesidad de que el Congreso supervise cómo se garantiza el acceso ciudadano a las normas y la aplicación uniforme de la ley en una zona de alta integración social, económica, laboral y educativa.
La propuesta llega al Congreso con el argumento de adecuar la legislación a la realidad actual del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el propio planteamiento oficial admite que el esquema vigente mantiene una diferencia que puede afectar derechos y generar incertidumbre, una situación que obliga al Senado a examinar con rigor el alcance institucional de los cambios antes de convertirlos en ley.