La Unión Nacional de Empresarios (UNE) reclamó al Congreso Nacional abrir una consulta efectiva con el sector productivo formal antes de sancionar el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica, que derogaría la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. El planteamiento introduce una señal de alerta sobre el curso de la reforma, al pedir que una pieza con impacto sobre el mercado no avance sin escuchar a los actores directamente afectados.
Durante un encuentro empresarial en el que participó María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, el presidente de la UNE, Julio García, presentó una propuesta de cinco ejes estructurales para guiar la modificación legal. Aunque el gremio dijo respaldar la fiscalización de los mercados, advirtió que las nuevas regulaciones no deben convertirse en un freno para la inversión ni en un castigo para el sector formal que cumple con sus obligaciones impositivas. “Ninguna regulación debe terminar penalizando al empresario que cumple, invierte y genera oportunidades”, afirmó.
La UNE planteó que la reforma garantice la libre competencia sin lesionar el desarrollo legítimo de las empresas locales y puso énfasis en proteger a las mipymes frente a la informalidad agresiva y los abusos de posición dominante. También pidió que toda actuación de la autoridad reguladora se base en criterios técnicos objetivos, públicos y revisables, junto con la preservación estricta de la confidencialidad de la información estratégica y los secretos comerciales. El reclamo reubica el debate en la necesidad de controles, previsibilidad y rendición de cuentas antes de aprobar una nueva normativa.