La inclusión de República Dominicana por parte del presidente Donald Trump entre los países señalados como territorios de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027 envía una señal de alerta institucional al Gobierno dominicano. Pese a que la propia clasificación aclara que esa decisión no supone necesariamente ausencia de medidas contra el narcotráfico ni falta de cooperación con Estados Unidos, el movimiento deja al descubierto la fragilidad de una relación que el oficialismo ha defendido como sólida.
El contraste resulta más visible si se toma en cuenta que, según el propio texto, las autoridades antinarcóticas dominicanas han decomisado 23,5 toneladas de drogas en lo que va de 2026, y que el presidente Luis Abinader recibió el año pasado una felicitación de la DEA por su apoyo a la lucha contra ese flagelo en la región. Si esos resultados y ese respaldo ya estaban sobre la mesa, la nueva decisión de Washington plantea una pregunta política inevitable sobre la capacidad del Gobierno para convertir su discurso de cooperación en garantías efectivas para el país.
A eso se suma otra fuente de tensión mencionada en la relación bilateral: la exigencia de retirar el decreto firmado por Abinader para proteger la producción nacional de arroz frente a la desgravación de importaciones derivada de la entrada en vigor del DR-Cafta. Más que una demostración de fortaleza diplomática, el escenario descrito exhibe a un Gobierno expuesto a decisiones externas con posible impacto sobre una economía dependiente, un terreno en el que la oposición encuentra margen para reclamar fiscalización, rendición de cuentas y una política de Estado menos vulnerable a los vaivenes de la coyuntura.