La revisión en Estados Unidos sobre la decisión de levantar la prohibición a importaciones de azúcar y otros productos elaborados por Central Romana volvió a encender alertas, luego de que un grupo de vigilancia asegurara que el trabajo forzoso continúa en los campos de caña de azúcar de República Dominicana. El señalamiento reabre la atención institucional sobre un caso que toca a un sector clave de exportación y vuelve a poner bajo examen las explicaciones pendientes alrededor de una medida impuesta en 2022.
En ese año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) bloqueó las importaciones tras acusar a la empresa de aislar a los trabajadores, retener salarios y fomentar condiciones abusivas de trabajo y de vida. La restricción se retiró el año pasado bajo el gobierno del presidente Donald Trump, pero la controversia se reactivó después de que Corporate Accountability Lab publicara un informe elaborado tras más de tres años de investigaciones, en el que sostiene que esas prácticas persisten.
La presión aumentó el jueves, cuando el senador Ron Wyden pidió a la CBP explicar por qué revocó la prohibición y solicitó expedientes administrativos, recomendaciones finales y otros documentos del caso. En su carta, sostuvo que la agencia parece haber “abandonado abruptamente sus propios procedimientos administrativos establecidos” y advirtió que eludir los procesos estándares de aplicación de normas comerciales para corporaciones con conexiones políticas y propiedad de multimillonarios socava la integridad de la política comercial de Estados Unidos. AP pidió comentarios a la agencia, que reconoció la solicitud, pero no había ofrecido declaraciones.