La muerte de Andreury de los Santos Ramírez, de 19 años, durante un operativo de la Policía Nacional en Villa Faro, ha puesto en el centro una exigencia: que las autoridades aclaren qué pasó y establezcan responsabilidades. Su madre, Ángela, pidió una investigación al sostener que su hijo no tenía antecedentes penales ni querellas en su contra, y criticó que se le tratara como si fuera un delincuente.
De acuerdo con su relato, el martes salió de la casa cerca de las 11:46 de la mañana para comprar víveres, mientras el joven permanecía allí junto a su hermana y un niño. Luego, un amigo pasó a buscarlo y ambos se marcharon. Poco después, comenzaron a circular en redes sociales informaciones sobre su muerte, una secuencia que, además del golpe familiar, deja abiertas interrogantes sobre la intervención policial y sobre la solidez de las explicaciones ofrecidas hasta ahora.
La madre afirmó que desconoce qué provocó la actuación de los agentes y de qué manera su hijo terminó vinculado al hecho. También cuestionó las versiones que recibió cuando intentó conocer detalles de lo ocurrido y pidió que el caso no se limite a reportes preliminares. En un escenario donde el discurso oficial suele prometer control y seguridad, el caso vuelve a encender la alerta sobre la necesidad de vigilancia institucional, fiscalización efectiva y respuestas verificables ante actuaciones letales del poder público.