La firma de un acuerdo petrolero con Estados Unidos por 25 años fue presentada por el Gobierno de Venezuela como una apuesta para reactivar su industria energética, con el desarrollo de 17 campos estratégicos y una meta de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. La versión oficial, expuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostiene que el pacto no compromete la soberanía nacional ni supone cesión de activos o derechos sobre las reservas.
Rodríguez afirmó que la ejecución del proyecto aportaría ingresos cercanos a los 210,000 millones de dólares para el Estado venezolano y que esos recursos servirían para respaldar la recuperación económica y programas orientados a mejorar las condiciones de vida de la población. También defendió el acercamiento con Washington como una vía de cooperación, en un giro que el oficialismo presenta como parte de la recuperación de una industria golpeada durante años.
El anuncio, no obstante, queda sujeto a la narrativa del propio Gobierno y abre un terreno de fiscalización sobre el cumplimiento de las metas, el uso de los recursos prometidos y la distancia entre el discurso de recuperación y los resultados que reciba finalmente la población. En una región donde los gobiernos suelen convertir grandes anuncios en capital político, el caso vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre ingresos, prioridades públicas y control institucional.