A once días del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, el balance oficial sigue empeorando y la exigencia de transparencia sobre la emergencia no cede. Este domingo, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que los fallecidos llegaron a 3.342 y los heridos a 16.740, una cifra que confirma el alcance social de una crisis todavía abierta.
La nueva actualización eleva en 388 los muertos respecto del sábado, mientras continúan las tareas para recuperar cuerpos entre los escombros. El reporte también indica que 6.462 personas fueron rescatadas y que 17.345 perdieron su vivienda, lo que llevó a habilitar 79 campamentos transitorios. Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, en un cuadro que vuelve a dejar en evidencia la magnitud del daño y la información aún incompleta que recibe la población.
De acuerdo con los datos divulgados por las autoridades, 86.794 familias han sido atendidas, se distribuyeron 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, y siguen desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad junto a 27.482 voluntarios. Pese a ello, el punto más delicado permanece sin respuesta: no se actualiza la cifra de personas en paradero desconocido, aunque se habilitó un número telefónico y una plataforma digital para reportarlas.
Esa ausencia de precisión oficial contrasta con la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web creada para informar sobre familiares no localizados y que ya reúne más de 31.000 personas con las que no se ha podido establecer contacto. En una catástrofe de esta escala, la sociedad civil termina cubriendo vacíos de información que deberían estar bajo seguimiento público permanente, sobre todo tratándose del terremoto más mortífero sufrido por Venezuela en el último siglo.
Los seísmos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más golpeada, un territorio además marcado por la tragedia del deslave de 1999. Ese antecedente refuerza la presión sobre la respuesta institucional: con miles de muertos, decenas de miles de heridos y familias desplazadas, la discusión ya no puede centrarse solo en el parte oficial, sino en las explicaciones pendientes sobre desaparecidos, atención sostenida y capacidad real de respuesta ante una crisis de esta magnitud.