La aprobación de US$600 millones en préstamos volvió a poner bajo la lupa la coherencia fiscal del Gobierno, en medio de dudas sobre austeridad, calidad del gasto y sostenibilidad de la deuda pública. El economista Winston Marte sostuvo que la discusión no debe limitarse a cuánto se pide prestado, sino a para qué se asume esa deuda, cuál será su retorno económico y social y si el Estado aplica la misma disciplina fiscal que exige a la población.
De acuerdo con su explicación, US$400 millones del monto aprobado irían a un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso en Punta Cana, una inversión que beneficiaría principalmente a grandes cadenas hoteleras de esa zona turística. Frente a ese panorama, propuso evaluar alianzas público-privadas para que el sector privado contribuya al financiamiento de infraestructuras que servirán de forma directa a sus empresas.
Marte advirtió que el aumento sostenido de la deuda pública incrementa la presión del pago de intereses sobre el presupuesto, limita el margen para responder a futuras crisis, eleva la vulnerabilidad ante subidas de tasas internacionales y puede desplazar inversiones prioritarias por el servicio de la deuda. “Cada dólar adicional prestado hoy representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras”, puntualizó. Además, criticó que el Gobierno no haya presentado a la población un plan claro de austeridad que precise qué partidas serán recortadas, cuánto se recaudaría y cuál sería el destino de esos recursos.