La lectura del discurso de ingreso de José Adalberto Arias a la Academia de Ciencias de la República Dominicana reactivó el escrutinio sobre una situación que sigue abierta desde 1996: la declaratoria de las Dunas de Baní como área protegida y sus efectos. En ese acto académico, celebrado el martes 9 de junio de 2026, se presentó una pieza de política pública vinculada a la lucha medioambiental y al fortalecimiento de la infraestructura turística dominicana como marca-país.
De acuerdo con el texto, por disposición de las altas esferas gubernamentales se ha encaminado que sea la Procuraduría Especial de Medio Ambiente la que finiquite el caso. Arias propuso, como aporte a la política pública de protección ecológica, calcular la compensación mediante la construcción de viviendas funcionales para quienes fueron “realmente” desalojados por la disposición ejecutiva. El trabajo, elaborado con instrumentos de Inteligencia Artificial y confirmado con dos firmas constructoras del mercado dominicano de viviendas sociales, deja ahora una base técnica sobre la mesa y traslada la atención a los responsables de ejecutar la decisión.
El propio artículo admite que “el pandero está ahora en los responsabilizados”, una formulación que subraya que la discusión ya no gira en torno a ideas, sino a rendición de cuentas. La referencia final a la expectativa de que el presidente Abinader esté atento a esta contribución de la Academia de Ciencias refuerza el contraste entre el discurso de protección ambiental y la necesidad de una respuesta institucional concreta sobre un expediente arrastrado por décadas.