El Tribunal Superior Administrativo rechazó la medida cautelar con la que organizaciones de La Cuaba buscaban paralizar el relleno sanitario y planta de valorización de residuos de Oakhause SRL, así como suspender la licencia ambiental del proyecto. La decisión se apoyó en que no quedó configurada la apariencia de buen derecho y en que los argumentos presentados remiten al procedimiento administrativo y a los elementos técnicos usados para otorgar la autorización.
Con ese fallo, el tribunal validó que la licencia fue emitida por el órgano con facultades legales y dentro de sus atribuciones, además de ponderar el interés público vinculado al manejo y valorización de residuos sólidos. Pero el expediente también deja en primer plano el choque entre la versión oficial y las alertas de la comunidad: las juntas de vecinos alegaron ausencia de estudios, presuntos incumplimientos de condiciones y posibles afectaciones a los recursos hídricos y al entorno ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente respondió que la licencia incluye mecanismos permanentes de seguimiento y fiscalización, como programas de manejo y adecuación ambiental, informes de cumplimiento, inspecciones y auditorías, y sostuvo que el permiso fue concedido tras completar evaluaciones y procedimientos administrativos.
Aun así, la oposición comunitaria en La Cuaba mantiene la presión sobre una decisión que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de las autoridades para demostrar, más allá del trámite legal, que el control prometido se traduce en garantías reales para la población.