El debate sobre soterrar cables en Santo Domingo vuelve a dejar en evidencia una realidad que supera la solución visual inmediata: la ciudad arrastra restricciones de espacio, cruces de infraestructuras y una necesidad de coordinación pública que no ha logrado resolverse durante años. Aunque el soterramiento de redes suele presentarse como una respuesta a la contaminación visual del cableado aéreo, el propio entorno urbano demuestra que el problema no depende únicamente de recursos, sino también de planificación territorial y de la convivencia de distintos servicios en un mismo subsuelo.
De acuerdo con el enfoque expuesto, buena parte del cableado visible corresponde a redes de telecomunicaciones, pero el desafío no se reduce a retirar tendidos en desuso. Mientras los postes sostienen redes eléctricas de alta, media y baja tensión, además de telecomunicaciones y alumbrado público, bajo las calles ya funcionan drenajes, alcantarillados y otras infraestructuras que limitan el margen para nuevos proyectos. Esa superposición, señalada también por el urbanista Marcos Barinas Uribe y por representantes del sector de telecomunicaciones, amplía la distancia entre las soluciones que suelen repetirse en el discurso y la complejidad real de llevarlas a cabo.
El caso deja una advertencia institucional sobre la gestión urbana: centrar la discusión solo en los cables más visibles simplifica un problema acumulado durante décadas. En una ciudad donde varios sistemas han crecido de forma paralela, cualquier propuesta de reorganización o soterramiento exige una fiscalización más estricta sobre la capacidad de planificación, coordinación y respuesta de las autoridades ante una demanda ciudadana que continúa sin una salida simple.